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Hace un par de días miles de personas firmaron una carta solicitando que la investigación de los laboratorios que desarrollan sistemas de inteligencia artificial se detuviera de manera temporal para darle a la sociedad y a los gobiernos un plazo para construir un marco legal que regule el uso de estas herramientas.
La preocupación de los firmantes, entre los que se encuentran Elon Musk y Steve Wozniak, es que los sistemas de inteligencia artificial pueden “plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad”.
Ahora el Departamento de Protección de Datos de Italia (Garante Per La Protezione Dei Dati Personali o GPDP) ha ordenado que OpenAI, la organización que desarrolló ChatGPT, deje de procesar datos de los ciudadanos italianos de manera inmediata. La preocupación de la autoridad de ese país es que la herramienta no cumpla con los lineamientos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.
En un documento emitido por el GPDP se menciona que el pasado 20 de marzo fue reportada una filtración de datos que afectó a ChatGPT y que expuso información de las conversaciones y pagos hechos por los usuarios. Tras revisar el caso la autoridad italiana determinó que OpenAI no proporciona a los usuarios información sobre el modo en el que sus datos serán utilizados.
El comunicado explica, “más importante aún, parece que no hay una base legal que sustente la recopilación y el procesamiento masivos de datos personales para ‘entrenar’ los algoritmos en los que se basa la plataforma. Como lo confirman las pruebas realizadas hasta ahora, la información puesta a disposición por ChatGPT no siempre coincide con las circunstancias fácticas, por lo que se procesan datos personales inexactos”.
El GPDP también señala que la herramienta de inteligencia artificial no posee un filtro de edad y que expone a los niños menores de 13 años a información inapropiada para su edad.
El documento concluye: “OpenAI no está establecida en la Unión Europea, sin embargo, ha designado un representante en el Espacio Económico Europeo. Deberá notificar a la autoridad italiana en un plazo de 20 días las medidas aplicadas para cumplir con la orden, de lo contrario se puede imponer una multa de hasta €20 millones de euros o el 4% del volumen de negocios anual total en todo el mundo”.
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